Según lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, la actividad contractual de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al desarrollo de sus actividades conforme al derecho privado, además se exceptuó de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de la la Función Administrativa y Gestión Fiscal, señalados en los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política y del acatamiento del Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades establecido en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993 y 18 de la Ley 1150 de 2007.

El proceso Contractual de Findeter se desarrolla en cinco modalidades:

1. Convocatoria Abierta:

Corresponde a los procesos en que el valor del bien o servicio a contratar sea mayor a 500 SMMLV.

2. Invitación a ofertar:

Corresponde a los procesos en que el valor del bien o servicio a contratar se ubica entre 50 SMMLV y 500 SMMLV.

3. Contratación Directa:

Es aquella modalidad de selección de contratistas donde FINDETER conserva la potestad de escoger libremente a la persona natural o jurídica que ejecutará el objeto del contrato, sin la necesidad de realizar un proceso de selección objetiva o de solicitar varias ofertas. Esta modalidad también procede en los casos en que el valor del bien o servicio a contratar oscile entre 2 y 50 SMMLV.

4. Selección Consultorías:

Se refieren a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tienen por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de cualquier tipo. Son estudios que se contratan de manera externa dado su grado de especificidad y a que la labor encomendada puede desarrollarse desde diferentes metodologías o puntos de vista técnicos.

5. Compras Almacenes Grandes Superficies:

Opera para compras de bienes que pueden ser adquiridos en establecimientos que correspondan a la definición de “gran almacén” señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y acorde a los nuevos postulados del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).

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